Conste que si llamo Juanito al recientemente dimitido rey de algunos, no de todos, los españoles no es por faltarle al respeto que, entre otras cosas no se merece y nada está más lejos de mi intención, sino por darle cordialidad y, digamos, familiaridad a este escrito crítico más que con su figura institucional, con sus actos y actitudes personales.

“De casta le viene al galgo”, dice el saber popular, y es cierto. Y si de populares hemos de hablar, hablemos.

Una derecha medrosa y pusilánime plagada de badulaques

Estos zascandiles de la derecha juancarlista española -que, por mucho que se empeñen los ultramontanos izquierdoso-progresistas o los rojos ceñudos y recalcitrantes-, no llega a ultra ni por asomo pues les faltan  los redaños suficientes que hacen de los hombres, verdaderos hombres, han conseguido que los posicionamientos políticos de muchos españoles, entre los que me incluyo, se hayan colocado en la cara opuesta de la Luna y que, sin ser la primera vez -tal vez, tampoco la última-, estén de acuerdo con una Oposición, de la que nadie sabe con certeza a qué se opone, y exija, a voz en grito, que se haga justicia de una vez por todas y que si Juanito, el perjuro, como cualquier otro ciudadano de a pie, ha delinquido en su ámbito privado que afronte, con esa dignidad que se le supone, las consecuencias de la gravedad de sus actos y, en su caso, pague como lo haría cualquier otro ciudadano pues de eso, y no de otra cosa, se trata. Que no se crea el rey saliente que, como en tiempos pretéritos, fue ungido por el dedo de Dios pues no es cierto; fue impuesto digitalmente por los devaneos de un anciano dictador que ya empezaba a chochear y que creyendo que lo dejaba todo “atado y bien atado” lo que hizo fue dejar a los españoles “con la mierda hasta el cuello” (me excuso de utilizar una palabra tan soez como necesaria), totalmente abotargados y sin ganas, eso sí es cierto, de volver de nuevo a las barricadas lo que aprovecharon para desmantelar impunemente al Régimen y darle a los ciudadanos una Constitución hecha por y para ellos.

Hoy, esa misma derecha juancarlista acomplejada y mentirosa alega -en palabras del Presidente del Gobierno- que si España goza de tan despreciable, por caduca, Constitución es porque los españoles de la época dimos su beneplácito en el referéndum de 1978 sin darse cuenta esos miserables chupamedias de la carcunda cortesana que, a día de hoy, más del 60 por ciento de los españoles con derecho a voto no tuvieron participación en aquel infausto acontecimiento y que si en estos momentos se volviera a llamar a las urnas por el mismo motivo ya veríamos cual sería el resultado sobre todo en lo que respecta en general a su Título II, el de la Corona, y en particular a los artículos 56 y siguientes.

De los actos del rey serán responsables quienes los refrenden

Dice textualmente el artículo 56, en su apartado 3º, que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo… ”.

El artículo 64 establece, en su apartado 1º, que “Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes… ”.

Pues bien, en estos momentos en los que el rey dimisionario ya no es rey en activo -aunque tenga derecho a la utilización del título- sino que lo es su hijo, Felipe VI, por derecho constitucional, el Gobierno de turno va a tratar de blindar las acciones pasadas, presentes y futuras del Borbón con un procedimiento exprés que le otorgue un aforamiento especial y retroactivo con el único objetivo de que este señor se vaya de rositas y lo que hoy es paz que mañana sea gloria.  Es decir, inmunidad e impunidad absoluta y vitalicia para un señor que, de no demostrarse lo contrario, está en el ojo del huracán de las sospechas por complicidad en los actos, presuntamente delictivos, llevados a término por miembros de la, hasta hace unos días, Familia Real. Entiéndase la imputación por delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal que pesan sobre la infanta Cristina de Borbón y su flamante príncipe azul –o sapo, quien sabe-, Iñaki Urdangarín, Duque consorte de Palma de Mallorca.

El que nada debe nada teme

¿A qué le tiene pánico tan ilustre bribón? ¿Qué teme? ¿Que sus hijos bastardos le sean reconocidos legalmente con el consiguiente problema dinástico y hereditario que ello suscitaría? ¿Que se investigue la procedencia, presuntamente ilícita, de su inmensa fortuna que según la maledicencia se aproxima a los dos mil millones de euros en un país donde la miseria es el menú de todos los días? ¿Qué se aireen sus turbios negocios, sus francachelas y sus despilfarros en suntuosos safaris en compañía de sus concubinas de turno? ¿Qué pudiera llegar a ser considerado cooperador necesario en el procedimiento judicial abierto contra su hija en el que su yerno está formalmente imputado por blanqueo de dinero y fraude fiscal entre otros delitos penales y donde su hija será finalmente imputada? ¿Qué se dañe su imagen de hombre bonachón, de fiel y católico esposo y ponderado Jefe de Familia? ¿Qué todo el mundo sepa quién es en realidad y cuál es su verdadero talante cuando ya nadie tema a la aplicación del Artículo 490.3(1) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal? En fin, ¿a qué le tiene tanto escrúpulo el pérfido felón?

Pero aún hay más, el Gobierno de España se propone tramitar por la vía de urgencia dicho aforamiento incluyéndolo de matute  en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la jubilación de jueces y magistrados que nada tienen que ver con el tema en cuestión.

Lo curioso de esto es que dos semanas antes de la proclamación de Felipe VI, un alto cargo del PP opinaba que “El aforamiento de don Juan Carlos no puede hacerse en caliente. No hay motivo para ello y, además, levantaría una polémica que iría en detrimento de la imagen de la institución”, según comenta hoy Federico Castaño en un artículo publicado por Vozpópuli.

Y escribe en el mismo artículo: “Una de las dos enmiendas defendidas por el PP para acelerar este aforamiento descansa en una disposición transitoria única que establece la retroactividad para este procedimiento. En otras palabras, gracias a ella, las causas que pudieran iniciarse contra don Juan Carlos con anterioridad a la entrada en vigor de su blindaje penal y civil, se atendrán a la nueva norma, hasta el punto de que los tribunales que las tramiten deberán suspender su trabajo para remitirlas “inmediatamente” a la sala competente del Supremo”.

Nadie, ni la Oposición ni la ciudadanía, entienden el porqué de tal urgencia ni su retroactividad salvo que haya algo que ocultar o hurtar a la Justicia.

“No es comprensible para la ciudadanía que el jefe del Estado no responda penal ni civilmente por las acciones personales que haya realizado en el ámbito privado. ¿Qué naturaleza, quizá divina, puede justificar que sea irresponsable a diferencia del resto de los ciudadanos por sus actos privados?” se preguntaba Aitor Esteban, parlamentario del grupo vasco, según el citado articulista.

Y es que verdaderamente este blindaje y su tramitación de urgencia colando de matute unas enmiendas a una Ley Orgánica que ya estaba en trámite y que nada tiene que ver con el asunto debería avergonzar a toda la clase política desde el PP hasta el último partido de la Oposición, tal y como reconocía ante la Comisión de Justicia el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares “Es un esperpento. Supone la degradación del sistema político. Este aforamiento vitalicio es una medida extrema, repugnante, huele a Monarquía medieval. Incluso deberíamos preguntarnos qué fue, en realidad, lo que provocó la abdicación del Rey”.

En pleno éxtasis de cinismo, Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, declaraba en la sesión de Control del Gobierno en el Pleno del Senado “el aforamiento del rey Juan Carlos no es en su beneficio sino en beneficio de la dignidad de España”, añadiendo que el objetivo del Gobierno es "evitar que nadie pueda intentar con un propósito de desprestigio de las instituciones convertir determinadas iniciativas de carácter legislativo en un instrumento para hacer daño a un país que ha acreditado estos días con el proceso de sucesión que es un Estado de derecho", respondiendo así a una pregunta del senador de IU Jesús Enrique Iglesias.

Ayer martes, día 24 de junio, La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con los votos del PP la reforma legal para incluir entre los aforados al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, además de la reina consorte Letizia y la princesa de Asturias, con el fin de que solo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo.

En concreto, la Comisión ha aprobado dos enmiendas presentadas por PP, UPN y Foro a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya estaba en tramitación parlamentaria, respecto a las que PSOE y CiU se han abstenido, mientras que Izquierda Plural, UPyD y PNV se ha mostrado en contra y Amaiur se ha negado a participar en la votación. Antes del debate, se ha rechazado la suspensión de la convocatoria que había sido solicitada por la Izquierda Plural, con el apoyo de UPyD y el PNV.  La iniciativa deberá ser ahora aprobada por los plenos del Congreso y del Senado. Una de las enmiendas aprobadas explica que, producida la abdicación del Rey Juan Carlos, es necesario prever el régimen que debe aplicarse al exjefe del Estado y a su consorte en relación con las actuaciones procesales que les puedan afectar. Añade que "dicha previsión debe tener en cuenta tanto la dignidad de la figura de quienes han sido reyes de España como el tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado". Y agrega "Similares razones concurren en la necesidad de dotar del adecuado aforamiento ante el Tribunal Supremo de las figuras de la Reina consorte o el consorte de la Reina y de la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte".

En fin, todo es posible en el país de los cuatro reyes, dos reyes y dos consortes. No queríamos caldo, pues dos tazas.

“No tengan dudas, Señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar…”, dijo en el discurso que inauguraba su reinado. Después, Felipe VI, afirmó que esta sería una “Monarquía renovada para un tiempo nuevo”, pues bien, ya sabe lo que tiene que hacer cuando le toque sancionar esta reforma a la Ley Orgánica que en pocos días estará sobre su mesa y “pongan la pelota sobre su tejado”, aunque de momento habrá  que recelar de su reacción ante esta, su primera prueba de fuego real pues, como como dije al  principio de este artículo, si de “casta le viene al galgo”, “de tal palo tal astilla” como nos recuerda la sabiduría popular que, por desgracia para nosotros, siempre es muy sabia… ¡veremos!

Fuentes:

Vozpópuli La presión de don Juan Carlos obliga al PP a materializar su rápido aforamiento con la oposición en pie de guerra por Federico Castaño.

Diario 20 minutos